La nueva propuesta de movilidad jubilatoria supone otra confiscación

23/01/2024 Por: Alfonso de Villalobos @alfondevil en Tiempo Argentino El empalme con la anterior dejará sin computar los meses de enero y febrero cuando la inflación acumulará hasta un 60%. Sería el tercer cambio en detrimento de los pasivos que se produce en siete años. Ya es un clásico. Cada gobierno que asume en la Argentina, en nombre del deterioro de los ingresos de los jubilados durante la gestión anterior, propone una nueva fórmula para la actualización de los haberes que, a la postre, resulta en una nueva confiscación. El gobierno de Javier Milei no es la excepción. Así lo hizo cuando propuso, a través de la versión original de la ley ómnibus, dejar sin efecto la ley de movilidad vigente y establecer que los aumentos se dispongan de manera arbitraria por el poder ejecutivo. A la vez, propuso la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses financiado fundamentalmente por los aportes previsionales. Las negociaciones con los bloques de Juntos por el Cambio, la UCR y Hacemos Consenso Federal redundaron en una propuesta que se conoció este lunes e implica el cumplimiento de la actual fórmula de movilidad vigente para la actualización de marzo y, a partir de abril, la actualización de los haberes en forma mensual “conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes”. Pero, según dispone la fórmula de movilidad vigente, los haberes de marzo se actualizarán a partir de lo que haya ocurrido con la recaudación y la variación de los salarios en el trimestre que va de octubre de 2023 a diciembre de ese año. Si la nueva propuesta incluída en la ley ómnibus se aprobara en el recinto, las jubilaciones comenzarán a actualizarse a partir de abril por el índice de inflación del mes de marzo o, no queda claro, febrero. De esa manera, en la transición de una a otra fórmula, quedará sin computarse lo que ocurra con la inflación o con la recaudación y los salarios en el mes de enero y, dependiendo de lo que se interprete del texto, también de febrero. De esta manera, solapadamente, el proyecto implica una nueva confiscación para los jubilados con el agravante de que se omitirá la actualización de enero y febrero de este año cuando se espera que los índices de inflación acumulen entre un 50 y un 60%. De hecho, estimaciones privadas indican que la actualización del mes de marzo será de apenas un 30 a 35% cuando, los precios en el primer trimestre del año subirán por encima de un 85%. Con la nueva propuesta, ese desfasaje que el gobierno anterior buscó paliar precariamente con bonos acotados al haber mínimo, se perderá para siempre. Otra vez sopa Esa confiscación resulta casi idéntica en términos metodológicos a la que sufrieron los jubilados cuando el gobierno de Mauricio Macri modificó la fórmula previsional en diciembre de 2017 abandonando una fórmula similar a la vigente (recaudación y salarios) para dar lugar a otro índice que contemplaba la inflación (0,7) y los salarios (0,3). Sin embargo, al modificar los plazos de vigencia y las fechas de actualización, en la transición quedó sin computar un trimestre completo durante el cual se resignó un 14% de incremento. En la actualidad, claro, la pérdida podría ser muy superior porque coincide con los meses en los que la actual gestión decidió ajustar en forma drástica los precios relativos liberando tarifas del transporte, nafta, prepagas y un largo etcétera que incluye los efectos rezagados de la gigantesca devaluación del mes de diciembre. Sobre llovido, mojado Pero el derrotero de los jubilados sufrió un traspié también durante la gestión de Alberto Fernández que, en nombre de la pérdida del poder adquisitivo que generó la fórmula votada en 2017, mediante una nueva ley la suspendió por un período de seis meses que se prorrogaron hasta un año período durante el cual el ejecutivo dispuso los incrementos de manera discrecional y por decreto. Los mismos, en general, implicaron subas porcentuales por debajo de la inflación complementados con sumas fijas que, en cuanto tales, impactaron de manera diferente en las jubilaciones mínimas y las del resto de la pirámide. En diciembre de 2020 se votó la fórmula de movilidad que rige en la actualidad que volvió tomar la recaudación de ANSES y el índice de salarios como pauta. En aquel momento sus defensores aseguraban que comenzaba un período de recuperación del salario real y que, por lo tanto, el mecanismo beneficiaría a los jubilados. Eso no ocurrió y, como ya se dijo, el principal defecto que arrastra es que actualiza en forma trimestral pero con un rezago de un trimestre que, con índices inflacionarios en ascenso, siempre implica una sensible pérdida para los jubilados cuyos haberes van muy por detrás. Con la actual fórmula los jubilados le ganarían a la inflación sólo cuando esta comience una curva descendente y, por lo tanto, las actualizaciones se produzcan sobre la base de índices anteriores y superiores. Eso es lo que pretende evitar el gobierno en nombre de la “desindexación” de la economía. El nuevo proyecto nada dice de los bonos con los que el gobierno anterior buscó paliar la situación de los jubilados de la mínima afectados por el desfasaje temporal que implica la fórmula de actualización. De la letra estricta de la ley se desprende que los mismos desaparecerán. «Crisis humanitaria» El Defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, en diálogo con Tiempo Argentino, confirmó los términos de este derrotero. El especialista señaló que la propuesta “es una ratificación que el ajuste se va a aplicar sobre jubilados y pensionados. Pero ya estamos en una situación límite. Tenemos algo más de 5 millones de jubilados que, con el bono, llegan a $160 mil. Hay 8 millones de jubilados que están debajo de la línea indigencia”. Para Semino, “esto viene agravándose históricamente. En el empalme en diciembre de 2017 omitieron un trimestre y después hay algo similar en diciembre de 2019 cuando el gobierno suspende la fórmula y otorga aumento por decreto aplicando índices decrecientes. Por eso, en ambos casos, tenemos presentaciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.” El gerontólogo aseguró que “estamos en una situación de crisis humanitaria, es indispensable y urgente recomponer los haberes haciendo uso de los fondos del Estado Nacional, los estados provinciales y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”

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